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Viernes 28 de noviembre de 2014
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· 4 de abril a las 17:59hs

Hace apenas unos días el Gobernador Ricardo Colombi mantuvo una reunión con los directivos de la empresa forestal más grande de Uruguay, Montes del Plata, en el marco del encuentro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se realizara en Montevideo, para convencerlos de instalar fábricas de pastas celulosas en Corrientes. Ahora Colombi tomó la decisión política de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para destrabar la construcción de la mega represa Ayuí Grande, un emprendimiento privado que pretende apropiarse de los cursos de aguas de un río del dominio público para formar un espejo de aguas de 8000 hectaréas destinado a la producción agrícola. Proyecto éste fuertemente cuestionado por organizaciones ambientalistas de la Provincia y la región y que en su momento tuvo repercusión nacional. Con ésta actitud, el Gobernador Colombi se convierte en el principal lobbista de los agronegocios en la Provincia de Corrientes.

Corrientes: Colombi insiste con Ayuí

BUSCA EL AVAL DE LA JUSTICIA EN EL PROYECTO

Colombi decidió recurrir a la Corte Suprema de Justicia, con el argumento de que si el emprendimiento arrocero no se concreta producirá “severos perjuicios a la Provincia y a los potenciales inversores que quieran radicarse en ella”. El gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, volvió a insistir con la construcción de la represa Ayuí Grande, un proyecto millonario que encabeza el vicepresidente del Grupo Clarín, José Antonio Aranda.

Ahora, Colombi decidió recurrir a la Corte Suprema de Justicia, con el argumento de que si el emprendimiento arrocero no se concreta producirá “severos perjuicios a la Provincia y a los potenciales inversores que quieran radicarse en ella”. Así lo expresó el gobernador en el Decreto Nº 459, publicado el 29 de marzo de 2012 en el Boletín Oficial correntino. Allí se le indicó a la Fiscalía de Estado local “interponer la demanda que considere necesaria a fin de ejercer la defensa de los intereses y derechos de la Provincia, impugnando la resolución Nº1238, de fecha 24 de agosto de 2011, emitida por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación”. Ese organismo había concluido que las obras del “Proyecto Productivo Ayuí Grande” resultarían incompatibles con las obligaciones asumidas por la Argentina en el Estatuto del Río Uruguay y en otros acuerdos internacionales. Además, la secretaría sostuvo que la represa podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado Nacional porque traerá un perjuicio sensible al Río Uruguay, al afectar la calidad de sus aguas. Por último, las autoridades concluyeron que también se violaría la Ley General de Ambientes N° 25.675 y la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos N° 26.331.

El proyecto de Aranda, que pretendía adueñarse de un río, inundar 8000 hectáreas y eliminar 130 kilómetros de bosques en galería, contó desde un principio con el aval de Colombi. “No nos vamos a dejar llevar por falsos ambientalistas que lo único que quieren es que nuestra provincia tenga más del 60% de tierras improductivas”, repetía el gobernador cada vez que era consultado sobre el tema.

Enrique Lacour, presidente de la Fundación Iberá, una de las primeras ONG que levantaron su voz para advertir sobre la represa, le dijo a Tiempo Argentino que “es asombroso el lobby explícito que hace Colombi sobre estos proyectos, cuando la Corte ya dijo que la Secretaría de Medio Ambiente tiene competencia en el tema”. Para Lacour, “es inadmisible que un representante del Estado esté a favor de la enajenación del patrimonio público al fomentar la apropiación por parte de privados de un curso de agua que es de todos”. (Tiempo Argentino)

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